La Fiscalía de la Audiencia Nacional española solicita entre 7 y 9 años de cárcel para los 13 vascos imputados por Baltasar Garzón por querer participar en las pasadas elecciones autonómicas, en las que fue vetado de nuevo el concurso de la izquierda abertzale. Se trata de las 13 personas encausadas en los sumarios de D3M -Demokrazia Hiru Milioi- y Askatasuna; a 4 de ellos los acusa de «colaboración», mientras que a los 9 restantes de «pertenencia a ETA».

La Fiscalía de la Audiencia Nacional fijó ayer en su escrito de conclusiones la petición de cárcel de entre 7 y 9 años para los 13 ciudadanos vascos que se encuentran imputados en el sumario instruido por Baltasar Garzón contra la plataforma electoral D3M y la formación política Askatasuna, que fueron colocados fuera de la legalidad española, tanto por la Sala Especial del Supremo español como por el Tribunal Constitucional, semanas antes de que se llevarán a cabo las elecciones autonómicas de 2009 que, excluyendo a la izquierda abertzale, aupó a la Lehendakaritza al PSE con Patxi López.

En su escrito de conclusiones provisionales, según informó ayer la agencia Efe, el fiscal Vicente González Mota acusa a Amparo Lasheras, Arantza Urkaregi, Eli Zubiaga, Iker Rodrigo, Imanol Nieto, Agurtzane Solabarrieta, Hodei Egaña, Unai Berrostegieta y Zuriñe Zorrozua de un supuesto delito de «integración en banda terrorista». Mientras, al presidente del partido político Askatasuna, José Antonio Munduate, a su secretario, Xabier Isasa, al representante legal de D3M en la Junta Electoral de Araba, Fernando Antia, y a Aitor Liguerzana, la Fiscalía los acusa de «colaboración con ETA», por lo que contra ellos solicita una pena de siete años de prisión. A los nueve restantes, les pide nueve años de cárcel.

Detenidos y encarcelados

La Fiscalía española defiende que tras la ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna en 2003 «se desarrolló una estrategia sucesoria de actividades» mediante nuevos partidos o agrupaciones electorales «creados y utilizados con la exclusiva finalidad de eludir con fraude de ley la eficacia de las decisiones judiciales y desarrollar el proyecto terrorista».

Utiliza, así, el mismo argumento que han empleado reiteradamente para vetar el concurso electoral de formaciones, plataformas y grupos que podían representar la sensibilidad de la izquierda abertzale o, simplemente, garantizar el concurso de todos los proyectos políticos y realidades políticas de Euskal Herria.

Cabe recordar que el 23 de enero del pasado año, la Policía española llevó a cabo un operativo policial contra la izquierda abertzale, en vísperas de las elecciones de marzo, que se saldó con la detención y encarcelamiento de varias de la personas que ahora se encuentran imputados en el sumario contra D3M.

Ayer, Aralar emitió una nota en la que critica de forma rotunda la peticion de la Fiscalía.